PRENSA: Los empresarios piden que se ponga fin al caos regulatorio en los apartamentos turísticos

Alquiler turístico sí o alquiler turístico no. Durante el año que marcará historia en cifras de llegada de visitantes gran parte del sector ha estado debatiendo sobre la conveniencia de una forma vacacional que en realidad no es nueva en España pero cuya proliferación en algunas ciudades ha puesto en cuestión la sostenibilidad del turismo.

Leer en El Mundo, 26-12-2017

Hasta junio de 2013 una normativa nacional, la Ley de Arrendamientos Urbanos, era la única que regulaba los alquileres vacacionales. Su modificación por la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas posibilitó que la actividad de los pisos de uso turístico pasase a depender de las normativas sectoriales de cada comunidad autónoma si existía regulación al respecto, al tiempo que adquirían importancia.

Desde entonces, en virtud de sus competencias, las comunidades autónomas han ido estableciendo normativas para regular el mercado de este tipo de viviendas, cada uno en función de sus características particulares. Esa es la tendencia, independientemente de que en la mayoría de ellas hay que inscribir la vivienda en un registro.

Por ejemplo, «en 2017 se han aprobado normativas específicas en La Rioja y Baleares», explica Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, constituida por 17 asociaciones que representan a 125.000 apartamentos. En proceso para 2018 están las de Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia, y «en trámite, el anteproyecto de ley de Valencia», puntualiza.

No todas gustan a Fevitur; «somos partidarios de la ordenación de esta fórmula de alojamiento», afirma. De todas las nuevas normativas, la ley de Baleares -aprobada el pasado verano- es el principial punto de fricción para la asociación.

La ha denunciado en representación de su asociada balear Aptur, ante la secretaría general de la Comisión Europea porque «se trata en realidad de una prohibición encubierta del alquiler turístico en la totalidad de las Islas Baleares». Sin embargo el Parlamento balear aclaró tras su promulgación que con ella busca que las plataformas que publicitan los pisos «colaboren y no permitan la oferta ilegal».

Y es que la balear no es la única nueva ley que Fevitur considera que restringe el derecho a la competencia; las regulaciones de «Aragón, Cantabria, Madrid, Canarias, Castilla y León y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y San Sebastián lo limitan». Para la Federación éstas no permiten el ejercicio de la actividad de los pisos turísticos.

Con independencia de la mejor adecuación de unas y otras normativas, el sector turístico parece echar en falta un marco regulatorio más global. «Somos partidarios de una regulación y normativa común a nivel nacional», afirma el responsable de la federación de pisos turísticos.

Esta demanda de los apartamentos turísticos entronca con los deseos de otros segmentos del sector, como el hotelero o la patronal turística Exceltur. Ésta ha manifestado en diversas ocasiones su apuesta por implantar una «estrategia transversal de país con la mayor coordinación y consenso de las CCAA, municipios y partidos políticos» ante los fenómenos «creados por la irrupción irregular de las viviendas turísticas».

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