La Policía desaloja las casas-cueva del Sacromonte

Trabajos de demolición. // EFE

Trabajos de demolición. // EFE

Andaluces Diario, 20-03-2014

Varias decenas de agentes de la Policía Local de Granada participan desde primera hoy de esta mañana en un operativo especial para desalojar las casas-cuevas ubicadas en el Cerro de San Miguel, en el barrio de Sacromonte. Un portavoz del cuerpo policial ha informado a Efe de que en esta intervención se ha producido al menos una detención y que en el lugar también trabajan maquinas que están procediendo a la demolición de esos espacios.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, señaló el pasado 5 de marzo que el Ayuntamiento tan sólo estaba está “pendiente” de la autorización judicial que había solicitado para el desalojo de las cuevas y advirtió de la peligrosidad que suponen como alojamiento por la inestabilidad del terreno. La edil aclaró que, pese a que son espacios que han sido habitados por diferentes personas, no se trata de viviendas -carecen de baño o cocina- ni de tradicionales casas-cueva, sino que son más bien “agujeros artificiales”.

El desalojo iniciado esta mañana se produce meses después de que, el pasado 10 de diciembre, unas 200 personas se concentraran para frenar el desalojo anunciado por el Ayuntamiento. Convocados por Stop Desahucios Granada y los afectados, consideraron entonces que la medida respondía a intereses urbanísticos y turísticos del consistorio.

LA JUNTA EXIGE SU REALOJO

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales, ha exigido al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que proporcione alojamiento “inmediato” en viviendas de propiedad municipal a los moradores de las cuevas de San Miguel que han sido desalojados este jueves.

“Antes de proceder al desalojo, el Ayuntamiento debía haber previsto una solución habitacional para los afectados porque ahora mismo nos consta que hay un total de 17 personas sin posibilidad de acceder a una vivienda”, ha clamado el delegado. Es por ello que Morales ha reclamado al Ayuntamiento que ponga a disposición de los afectados alguna de las 44 viviendas desocupadas que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tiene en la ciudad.

“El Ayuntamiento tiene que resolver la situación de emergencia social que ha creado. No puede provocar un problema así y mirar para otro lado”, ha matizado.  El delegado ha señalado que ya el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento quiso proceder al desalojo que finalmente ha ejecutado este jueves “haciendo uso de la fuerza policial, si bien en aquella fecha, con la intermediación de la Consejería de Fomento y Vivienda, se consiguió paralizar el lanzamiento”.

“No es admisible que una Administración pública deje en la calle a estas personas, a las que debe proporcionar una solución habitacional inmediata”, ha reiterado.

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