La Junta se compromete a buscarle alojamiento a los okupas de San Miguel

Algunos de los desalojados contemplan el sellado de las cuevas. GH2014

Algunos de los desalojados contemplan el sellado de las cuevas. GH2014

Sandra García tiende la mano al Consistorio para darle una alternativa a los desalojados

Un día después del desalojo sorpresa de las cuevas ilegales del cerro de San Miguel, la Junta de Andalucia tendió ayer la mano al Ayuntamiento de Granada para encontrar una solución al realojo de los inquilinos. La delegada provincial del Ejecutivo andaluz, Sandra García, brindó la mano al equipo de gobierno municipal “por si cabe la posibilidad de buscar una alternativa a esas personas”. García consideró que las formas en las que se produjo la intervención “no fueron las más acertadas”.

Históricamente, especialmente en los últimos años, el Consistorio de la capital ha denunciado el estado de ruina que presentaban las seis cuevas sobre las que se actuó el pasado jueves, aunque en total las ilegales ascienden a ocho. La delegada reconoció que es cierto que esos espacios “no cumplían las condiciones de salubridad” aunque, pese a ello, “ahí había gente viviendo”, recordó.

El debate surgió hel jueves horas después de producirse la intervención cuando la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Manuel Morales, protagonizaron un cruce de declaraciones en el que la primera advertía que el Ayuntamiento no era competente en la materia y el segundo instaba al ente local a dar solución a un problema que ellos mismos habían creado.

Sobre la actuación en el conocido también como cerro del Aceituno se pronunció ayer la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Ana Gámez, quien consideró que el gobierno local actuó de “forma imprudente” en una zona “sometida a cautela arqueológica de control de movimientos de tierra” donde se intervino con maquinaria pesada sin contar con el permiso de su departamento.

La delegada advirtió en un comunicado que el Consistorio “no ha presentado ningún proyecto de intervención arqueológica en la zona que Cultura requiere, según la legislación vigente”. Gámez puntualizó que “si se hubiera seguido el proceso adecuado y se hubieran presentado los proyectos de intervención necesarios, el desalojo no se hubiese producido de esta forma tan improvisada y poco humana”. El desalojo fue el pasado jueves a primera hora de la mañana, en una actuación en la que participaron más de medio centenar de policías.

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