La capital da carpetazo al Plan Albaicín y estanca el urbanismo en los años 90

El Ayuntamiento lleva cinco años esperando a que la Junta apruebe el documento. La seguridad jurídica del barrio se queda en el aire y el Sacromonte se queda sin protección.

Granada Hoy, 14-02-2014

El maltrecho barrio del Albaicín ha recibido otro estacazo. El golpe que ahora encaja bloqueará por tiempo indefinido los nuevos criterios de protección que debían aplicarse en el distrito desde hace años y retrotraerá la normativa urbanística que impera en la zona al año 1990, fecha en la que se aprobó el primer Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín-Sacromonte (Pepri), todavía en vigor. Ayer, el Ayuntamiento de Granada anunció que archiva el procedimiento de revisión y actualización del caduco plan. Lo hace porque se ha cansado de esperar el visto bueno de la Junta de Andalucía, un trámite que llevan aguardando desde el año 2009, cuando se llevó a cabo la aprobación inicial del proyecto.

Para explicar su decisión, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se remontó al año 2006, cuando se adjudica la revisión del plan al mismo equipo que redactó la normativa de 1990.
El objetivo de esta revisión era actualizar el plan, ya que desde 1990 ha habido una nueva Ley del Suelo, una nueva Ley de Patrimonio Histórico, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se han detectado errores que estaban pendientes de corregir y se han tramitado numerosas innovaciones. Para añadir esta nueva realidad al documento y para incorporar la protección del Sacromonte al Plan Especial, el equipo redactor se pasó dos años trabajando (desde 2006 a 2008), fecha esta última en la que el Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto.
En enero de 2009 la Junta de Andalucía recibió 12 ejemplares del Plan con la intención de que dieran el visto bueno al documento, requisito indispensable para que el proyecto saliera adelante. Y hasta hoy. Cinco años de espera que el Ayuntamiento cerró ayer con el archivo del expediente.
“Siempre hemos reconocido que las competencias en materia de patrimonio son de la Junta así que esperábamos un informe sobre este documento aprobado inicialmente con instrucciones concretas de corrección, subsanación…”, lamenta la concejal de Urbanismo, quien reconoce que hasta ese momento se habían gastado 100.000 euros en el proyecto.
Según la concejal de Urbanismo, desde la Dirección General de Bienes Culturales nunca dijeron en qué sentido debían ir las correcciones que se hicieron en el documento, aunque sí se pusieron pegas sobre el lugar de la hoja donde se había plasmado la fecha de acuerdo de pleno o sobre la estampación del sello del Ayuntamiento en el anverso y no en el reverso de las hojas. También pedían un estudio sobre la romería de San Cecilio.
Claro que el análisis pormenorizado del nuevo plan también revela algunos aspectos que justificarían que el municipio tenga cierto interés en mantener el antiguo documento. A saber. La renovación del plan deja al Sacromonte fuera de nuevos niveles de protección. Esa adaptación del documento también obligaría a ceñirse a la nueva Ley de Patrimonio de 2007 en virtud de la cual los planes especiales de protección deben ir acompañados de un plan de movilidad y accesibilidad aprobados por Cultura. Limita la proliferación de bares y terrazas y es exquisita con la ocupación de la vía pública.
“El Ayuntamiento siempre ha procurado que Cultura no le diera el visto bueno al documento porque la normativa de 1990 permite muchas modificaciones de uso y así, por ejemplo, se puede convertir una vivienda unifamiliar en una plurifamiliar, es decir cabía la posibilidad de convertir un Carmen en apartamentos”, apuntan profesionales del Urbanismo en la capital. La normativa vigente tampoco contempla la arqueología emergente, es decir no prevé hacer estratigrafías en los muros. “Es como si un hospital utilizara hoy en día métodos diagnósticos de hace 30 años”, explican a este diario las mismas fuentes.
El futuro inmediato es también de lo más preocupante para el Sacromonte, ya que se genera una situación de inseguridad jurídica. Los vecinos que esperan que se les dé una licencia se quedarán a partir de ahora en suspenso y los criterios que se utilizarán para gestionar el barrio son los de hace casi 25 años.
“Hace 25 años teníamos claro que los peligros del patrimonio histórico eran la destrucción de fachadas pero no se tenía en cuenta la sobreexplotación turística que cada vez más acecha a estas zonas protegidas”, explican los profesionales en temas urbanísticos.
Llegados a este punto, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento habló de dos soluciones para desbloquear el plan: que la Dirección General de Bienes Culturales recurra este archivo si consideran que ya tienen el documento estudiado o que le remitan al Ayuntamiento el documento como ellos lo quieren “y nosotros lo volvemos a aprobar inicialmente. Pero siempre vamos a trabajar siguiendo instrucciones de Sevilla”, apuntó la concejal.
Mientras eso ocurre, los vecinos esperan que no se gaste ni en euro más en planes, fichas y documentos que al final se convierten en papel mojado  mientras los problemas del barrio siguen sin solución.

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