Vivienda

Cualquier uso turístico de un piso tendrá que ser dado de alta

• La ley que permitirá el control de los apartamentos por días entra en vigor mañana
• El Ayuntamiento de BCN tendrá potestad para dar licencias a los particulares

EL Periódico, 09-04-2008

Sea solo durante la temporada de verano, o bien para alquilar por días durante todo el año, cualquier piso que se destine a usos turísticos en Barcelona tendrá que contar con un alta de actividad económica. La ley de la vivienda de la Generalitat que mañana entra en vigor da potestad a los ayuntamientos para dar o no licencias para este uso. En Barcelona, el próximo día 18 se presentará una medida de gobierno en el plenario sobre cómo regular la nueva situación, que en el caso de distritos como Ciutat Vella será más restrictiva.
La nueva ley fija la figura de los usos turísticos para un piso, con el objeto de frenar el vacío legal que había hasta la fecha y que había propiciado que en Barcelona, por ejemplo, los alquileres de viviendas particulares por días se hubiesen convertido en un jugoso negocio poco controlado. Varios artículos de la nueva ley determinan que un piso, con cédula de habitabilidad, puede destinarse a uso turístico siempre y cuando su propietario lo dé de alta como tal. Ello conlleva que tendrá que abonar tasas e impuestos.
Pero una de las cuestiones más importantes es que el inmueble dejará de considerarse un domicilio privado, lo cual permitirá que ayuntamiento y Generalitat puedan tener capacidad inspectora. Hasta ahora, pese a las denuncias generadas por muchos apartamentos ruidosos, básicamente en Ciutat Vella, la ley impedía el acceso sin orden judicial, y demostrar la utilización irregular era muy complicado, explica Joan Domènech Abad, subdirector general de Ordenació Urbanística de la Direcció General de Turisme.
MULTAS DE HASTA 90.000 EUROS
En caso de detectarse, por ejemplo, que está ocupado por turistas o alquilado temporalmente (sin que pueda ser considerado segunda residencia de un arrendatario), podrá sancionarse si no se ha dado de alta para ese uso. Las multas graves (con reincidencia) pueden llegar a 90.000 euros. Los pormenores de la reglamentación se estipularán por un decreto que elaborarán Medi Ambient i Habitatge e Innovació, Universitats i Empresa. La Direcció General de Turisme prepara una propuesta técnica al respecto, que estará lista en verano, y sobre la que podrán pronunciarse las partes implicadas.
Pero mientras llega este decreto, los ayuntamientos ya podrán desarrollar ordenanzas para determinar cómo se conceden las licencias, que en el caso de Barcelona en algunas zonas se acompañarán previsiblemente de planes de usos, teniendo en cuenta la concentración. Los ayuntamientos decidirán si basta con una comunicación de la actividad o si es necesario cumplir determinados requisitos y por tanto habrá que pasar inspecciones previas. En función de unos u otros casos, las tasas a abonar podrán variar.
Abad señala que la ley pondrá fin a la confusión del sector, aunque la eficacia total no se verá hasta que cada municipio la desarrolle. En cualquier caso, el primer responsable será siempre el dueño, y no los intermediarios que se ocupaban de la explotación, como pasa ahora.

La Generalitat prepara dos decretos para reforzar la Ley de la Vivienda

Barcelona, 9 abr (EFE).- La Generalitat prepara dos decretos para reforzar la nueva Ley de Derecho a la Vivienda que hoy ha entrado en vigor en Cataluña y que ha impulsado el tripartito, según ha explicado la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla.

Barcelona, 9 abr (EFE).- La Generalitat prepara dos decretos para reforzar la nueva Ley de Derecho a la Vivienda que hoy ha entrado en vigor en Cataluña y que ha impulsado el tripartito, según ha explicado la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, Trilla ha destacado que la nueva ley contará con dos decretos complementarios que se están desarrollando por parte del departamento de Medio Ambiente y Vivienda.

Estas dos nuevas normativas son un decreto de habitabilidad para establecer "si una vivienda puede tener cédula o no", y también "un Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que será un nuevo decreto que sacaremos este año y que marcará qué zonas están afectadas por una fuerte demanda en las que se podría llegar a precisar el alquiler forzoso", uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación.

En el primer caso, Trilla ha detallado que "el decreto de habitabilidad marcará cuántas personas pueden vivir por metro cuadrado, pero matizado con otros factores, ya que se harán excepciones en caso de relaciones familiares".

"Evidentemente, los ayuntamiento podrán tener en cuenta situaciones de mala convivencia o de mal estado de la vivienda", ha advertido la responsable de política de vivienda, que con esta medida pretende luchar contra la sobreocupación y los pisos patera.

Respecto al tema de las zonas en las que se aplicará el alquiler forzoso y que determinará el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, Trilla ha advertido que no se limitará sólo a Barcelona y que se podría extender a otras zonas de Cataluña, que no ha concretado.

Sobre la posibilidad de que la administración imponga el alquiler forzoso de los pisos vacíos, Carme Trilla reconoce que "ésta es una medida extrema que esperamos que no se tenga que utilizar nunca".

Según la principal impulsora de este texto legal, "la ley mantiene el pacto con los propietarios, pero si ese pacto no es fructífero, se puede llegar al alquiler forzoso".

Trilla ha definido este tipo de alquiler así: "durante cinco años la administración pone un inquilino y lo que hay no es una expropiación, es una privación temporal de uso por parte del propietario, pero no de la propiedad".

Carme Trilla ha defendido la nueva ley, que a su juicio "aborda todos los temas de vivienda, desde complementarios hasta urbanísticos, y también define qué espacios no pueden ser considerado vivienda y cuáles se encuentran insuficientemente utilizados".

La secretaria de vivienda considera además que esta ley es el instrumento clave para que se puedan construir los 160.000 pisos de protección oficial que se prevén en el Plan Nacional de la Vivienda hasta el 2016.

La Ley del Derecho a la Vivienda está todavía pendiente de medidas complementarias, como la creación de un registro de agentes de la propiedad y otro registro único de solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO).

Trilla defiende que la ley servirá también para luchar contra los caso de acoso inmobiliario y recuerda que "habrá sanciones importantes por el abandono de los edificios".

"La administración podrá ejercer derecho de tanteo para evitar que se eche a personas en casos de acoso inmobiliario. Y se da más herramientas a las víctimas para que pueda denunciar a los acosadores, para los cuales, además, habrá fuertes sanciones".

Respecto a la subida de los alquileres -el alquiler medio en Barcelona ya es de 1.000 euros mensuales, en una escalada paralela a la ralentización de los precios de la vivienda por la crisis- Trilla ha reconocido que "no sabemos si los alquileres subirán más, pero es posible que sigan subiendo un poco".

"El pasado año se firmaron 60.000 contratos de alquiler. Y estamos cerca del techo, si bien habrá que estar muy vigilantes y hay que facilitar alquileres no de mercado por parte de la administración", ha señalado Trilla.

Carme Trilla ha recordado que "este año daremos ayudas de alquiler a 30.000 familias, a personas que estén en 2,5 veces el salario mínimo y vamos a apostar por promocionar alquiler de VPO a través de la administración y de los promotores privados".