ANTENAS DE TELEFONÍA
La sombra de los lobbies en la saludMiguel Jara / Madrid. Revista Diagonal 17 de octubre de 2007 La presión de los lobbies se deja sentir en todos los niveles de decisión: en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en los distintos gobiernos estatales, en los autonómicos y en los municipales Tras cuatro años de investigación la conclusión del estudio Reflex, en el que han participado investigadores de 12 países europeos, es que las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en las células. Pese a ello y a que existen alrededor de 3.000 estudios científicos sobre la contaminación electromagnética que despiden los teléfonos móviles y sus antenas emisoras-receptoras, las torres de alta tensión o los transformadores eléctricos, buena parte de la ciudadanía cree todavía en la inocuidad de estas tecnologías. Ésta es quizá una de las mayores victorias protagonizadas por un sector industrial, el de las telecomunicaciones, en los últimos lustros: el despliegue y popularización de la telefonía móvil. Pero ¿cómo ha conseguido esta industria semejante amenaza para la salud pública? Reflex estaba financiado por la Unión Europea pero lo descubierto no debió gustar a sus mentores y tras una primera publicación se retiraron los fondos, aunque se llevaban invertidos 3,15 millones de euros. Y es que, pese a que existen muchas investigaciones que advierten sobre los peligrosos efectos de las ondas electromagnéticas en nuestra salud, la mayor parte están pagados por las compañías eléctricas y de las telecomunicaciones. Éstos casualmente explican la inocuidad de esta tecnología o minimizan sus riesgos. Éste es parte del trabajo de lobbies como los que trabajan en o para éstas compañías: crear confusión entre la población, una confusión ‘documentada científicamente’. Y es que mientras los ‘expertos’ deciden si los teléfonos móviles son ‘buenos’ o ‘malos’ para el ciudadano, las operadoras continúan vendiéndolos, expandiendo su red de antenas telefónicas y creando nuevos servicios con los que seducir a los consumidores. Científicos perseguidos Al tiempo, los científicos que hacen y publican sus fatales averiguaciones son sistemáticamente perseguidos. El Centro de investigación Alonso de Santa Cruz, de Alcalá de Henares (Madrid), dirigido por el doctor José Luis Bardasano Rubio, ha realizado numerosos trabajos y reuniones de gran nivel sobre la contaminación eléctrica y magnética. Misteriosamente, fue clausurado en noviembre de 1999. En enero 2002 le ocurrió algo similar al pionero en la investigación sobre electromagnetismo, el francés Roger Santini, ya fallecido. En 2000, Claudio Gómez Perretta, Jefe de Sección en el Centro de Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia y uno de los investigadores más prestigiosos sobre los campos electromagnéticos, fue amenazado, según su propio testimonio, por la gerencia del centro sanitario con una falta grave si persistía en su empeño de continuar investigando los campos electromagnéticos y su afección sobre la salud humana. Lo cierto es que, finalmente, en 2002 fue retirado de sus investigaciones por difundir averiguaciones nada halagüeñas para la industria. Otro compañero de Perretta, Manuel Portolés, explica en Conspiraciones tóxicas que fue espiado a través de su ordenador por Telefónica, que le ha amenazado a través de un notario con acciones judiciales por realizar denuncias públicas sobre la actitud de éstas compañías. Entretanto, el documental Contracorriente, realizado hace años para TVE, continúa sin emitirse. En él Javier Aguilera, ex consejero delegado de Telefónica, reconoce públicamente: “Uno se muere por 38.000 cosas. ¿Que ésta es una más? Mire, indiscutible. ¿Que es una más incluso para los que no usan la telefonía? Indiscutible. ¿Y que los que usan la telefonía móvil no debían conocer este factor? Sin duda”. ¿Queda claro? Silencio, se contamina La compra de silencio es otro trabajo habitual de los lobbies industriales contaminantes. En las comarcas en las que hay instalada una central nuclear los pocos estudios epidemiológicos existentes nos explican que en ellas se producen ciertos tipos de cáncer que prácticamente no existen en las zonas que no poseen planta atómica. Esto no interesa que se sepa y por ello las empresas propietarias, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) o la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), disponen de fondos para “desarrollo local” que emplean en actividades culturales, deportivas o festivas en las localidades que interesa mantener calladas. Más aún, en el entorno de Almaraz, Zorita, Vandellòs, Trillo o Garoña gran parte de los alcaldes y concejales de los pueblos trabajan o han trabajado en la central que acogen. Silencio garantizado. Todo esto necesita de un trabajo sistemático de relaciones públicas y contactos directos entre el personal de las empresas y asociaciones empresariales, los lobbistas, con los políticos y funcionarios locales. Las administraciones regionales tampoco se libran de los lobbies que atentan contra el medio ambiente y la salud pública. En Extremadura [ver pág. 37], en una de las comarcas más fértiles de toda la Unión Europea, Tierra de Barros (Badajoz), el empresario más rico de la Comunidad Autónoma, Alfonso Gallardo -alguien que ha construido un imperio que fabrica acero y hormigón partiendo de sus orígenes como chatarrero gracias en parte a las subvenciones públicas con las que le beneficia la Junta de Extremadura- quiere instalar una refinería petroquímica. En pleno siglo XXI, el de la preocupación por la crisis ecológica mundial, socios como BBVA, Iberdrola, Caja Madrid o Caja Extremadura le acompañan. El Grupo Alfonso Gallardo tiene en Francisco Fuentes Gallardo, sobrino del jefe y senador del PSOE por Extremadura a su enlace con el Gobierno extremeño. La compañera sentimental del segundo es la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, en la tierra del cerdo ibérico y ha destacado por reprimir cualquier crítica al proyecto contaminante. Para que la ciudadanía extremeña le otorgue su beneplácito, las encuestas favorables a los intereses de Gallardo y la Junta de Extremadura las realiza el Instituto Opina, que trabaja, entre otros partidos, para el PSOE, obvia preguntas incómodas, como la verdad, y luego son reproducidas por los medios en los que el empresario inserta publicidad o pertenecen a accionistas que también lo son del proyecto refinero. La ‘mordaza informativa’ Para que todos estos planes y tecnologías lleguen a buen puerto es necesaria la concurrencia de la prensa afín. Es lo que se ha dado en llamar ‘La mordaza corporativa’: las grandes compañías y sus lobbies tienen departamentos encargados de llamar a los medios antes, durante o después de la publicación de un reportaje, sea para interesarse por “ofrecer su versión” de los hechos, para amenazar con acciones judiciales si publican el trabajo en curso o simplemente para quejarse por la difusión de los mismos y tratar de que se cuente con ellos para futuros asuntos, por ejemplo. De modo que ‘trabajarse’ a la prensa insertando publicidad, subvencionando espacios concretos, ofreciendo premios a los periodistas, ya sea por su trabajo o con cualquier excusa o bombardearlos con ‘información’ sobre la empresa es un trabajo indispensable para cualquier lobby. Recogido de Ecologistas en Acción |
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24 DE JUNIO DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA- 2007 Diversas
organizaciones sociales y ecologistas critican el aumento imparable de
la contaminación electromagnética en el Día Mundial de la
Telecomunicaciones Demandan
un cambio de la normativa estatal y autonómica con criterios de
prevención y precaución y financiación publica para la investigación
independiente sobre los efectos para la salud derivados de estas
emisiones El próximo17 de mayo se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Con este motivo organizaciones vecinales, sociales y ecologistas de ciudades y pueblos de Europa quieren denunciar, que en los últimos años hemos asistido al crecimiento insostenible y a la proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones que han supuesto la instalación descontrolada de estas redes radioeléctricas, un aumento significativo de la contaminación electromagnética y el crecimiento de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras. Estamos asistiendo al establecimiento de la trama de las telecomunicaciones de una proliferación en el medio rural y urbano de toda una serie de infraestructuras de antenas estaciones base GSM, DCS y LMDS, dipolos repetidores, antenas de alta ganancia, picocélulas y microantenas, radioenlaces, etc., o los nuevos sistemas Wi-Fi. La instalación de antenas estaciones base de telefonía móvil de la red UMTS y sistemas inalámbricos de transmisión de información, van a suponer nuevos problemas en su ubicación y un aumento significativo de la contaminación electromagnética a la que estamos sometidos. La legislación estatal, hecha por el anterior gobierno y atendiendo sólo los intereses de las grandes operadoras, no ha resuelto el impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil. La movilización social, vecinal, y ecologista ha obligado a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público más restrictivos y sin embargo queda pendiente una directiva europea que sirva como un instrumento real para hacer compatible el desarrollo de la telefonía móvil y las posibles afecciones ambientales y para la salud pública. Sin embargo el actual gobierno español está aplicando en la práctica la misma política del Partido Popular, incumpliendo claramente el programa electoral del PSOE (incluido el rechazo de financiación de proyectos de investigación independientes) que recomendaba aprobar una normativa de niveles de exposición muchos más restrictivos. Es evidente que las autoridades sanitarias de las distintas administraciones no se atreven a enfrentarse a los grandes intereses financieros y someten sus decisiones a las prioridades de los resultados económicos poniendo en segundo lugar la salud de las personas. Hasta ahora, las administraciones sanitarias sólo están aceptando los estudios que tranquilizan a la población. Dos recientes estudios de campo, uno de Alemania y otro de Israel, han constatado un aumento de entre 3,5 y 4,15 las probabilidades de contraer cáncer en el radio de acción de 400 metros alrededor de una antena de telefonía móvil. El Proyecto Reflex, un estudio financiado por la Unión Europea, en el que han participado 12 países, entre ellos España, cuyo objetivo es el estudio de la influencia de campos electromagnéticos, concluye que las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en el núcleo de las células y cambios en éstas. Diversas conferencias internacionales de prestigiosos científicos independientes alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002 y Benevento 2006). En el estado español, la Declaración de Alcalá de Henares; así como investigaciones epidemiológicas publicadas en revistas científicas de prestigio, han señalado los efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa estatal. Es necesario el desarrollo de un programa público estatal e independiente, no subvencionado por las operadoras de telefonía, de los efectos sobre la salud pública e investigación específica sobre las personas denominadas electrosensibles. Las organizaciones vecinales, sociales, ecologistas abajo firmantes demandamos demandan un cambio en la normativa actual, hecha al dictado de las operadoras de telefonía móvil. Estas reformas deberían contemplar los siguientes aspectos: a) Aplicación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos biosanitarios y del principio ALATA (la mínima emisión técnicamente posible). b) Transformación de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico teniendo en cuenta los ya demostrados ampliamente efectos no térmicos. Revisión de las normativas autonómicas con criterios restrictivos y precautorios c) Establecimiento de un valor límite exposición ciudadana que impida que se produzcan cambios celulares de ningún tipo y no sólo la expresión de proteínas de shock térmico, oncogenes, etc. d) Establecimiento de un valor límite por debajo alteraciones en el ámbito celular para la suma de ondas de las emisiones de todo tipo de infraestructura de transmisión sin cables de uso industrial (radio, televisión, radar, telefonía móvil, radio-enlaces,…) o doméstico (antenas de radioaficionados, tecnologías GPRS, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi , DECT.) e) Información y justificación exhaustiva como la descongestión de áreas de saturación sobre-expuestas, previa a la instalación de estaciones base de telefonía móvil y participación activa de los ciudadanos en el ámbito local. f) Estudio de diversas localizaciones alternativas para la ubicación de una estación base. g) Moratoria en el despliegue de las redes UMTS y WiFi y WIMAX por su alto contenido energético. Promover las alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo: uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales h) Minimización de los impactos paisajísticos, visuales y ambientales en el medio rural y urbano. i) Establecimiento de un mapa radioeléctrico urbano que refleje el conjunto de emisiones radioeléctricas en tiempo real y de forma continúa. j) Máximo control sobre la ubicación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones en zonas residenciales especialmente, y con mención especial sobre áreas hospitalarias de oncología infantil. k) Creación de una comisión interministerial (Ministerios de Sanidad, Industria y Medio Ambiente que coordine el despliegue de redes con criterios de prevención de la salud pública), con participación activa de agentes sociales, organizaciones medioambientales científicos y técnicos independientes. l) Estudios epidemiológicos por sorpresa sobre poblaciones que haya sido expuestas de una manera residencial y continua con participación de científicos y técnicos con independencia demostrada al dispositivo jerárquico de la administración. Fomento de la investigación pública sobre los efectos en la salud y dotación presupuestaria para ello. m) Creación de una entidad de inspección y seguimiento de las estaciones base después de su instalación con participación de científicos y técnicos independientes. n) Creación de una base de datos pública como el registro de todas las estaciones base y sus emisiones o)
Elaboración de un Código de buenas prácticas y Campañas específicas
contra el abuso del móvil y conductas adictivas al mismo, sobre población
adolescente y adulta. Limitar
el uso de los teléfonos móviles
e inalámbricos a
niños, jóvenes y adolescentes al nivel más bajo posible y
prohibir, de una manera urgente, a compañías de telecomunicación de
la comercialización y publicidad dirigida a ellos. p) Reconocimiento legal del potencial riesgo sanitario derivado de la exposición residencial y laboral a campos electromagnéticos. q). Reconocimiento en el sistema de salud pública de la electrosensibilidad y las personas electrosensibles.
r)
Exigencia de zonas libres
de emisiones radioeléctricas
de telecomunicaciones Definir
zonas urbanas libres de emisiones, en edificios públicos (escuelas,
hospitales, áreas residenciales) y en los sistemas de transporte público. Recordar a los ciudadanos y hacer valer ante los tribunales los Derechos Fundamentales siguientes, establecidos en la Constitución Española: Derecho a la integridad física (Art. 15 C.E.), Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1. C.E.) y Derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2. C.E.),
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CAMPAÑA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA El
grupo Ecologistas en Acción de Valencia, conjuntamente con la Comisión
para el Traslado de la Subestación de Patraíx, hemos iniciado una
campaña contra la contaminación electromagnética. Este tipo de
contaminación es un problema emergente del cuál la sociedad es cada
vez más consciente y ante el que los esfuerzos de los diversos
colectivos de afectados están descoordinados siendo a veces ineficaces a causa de la falta de información. Ante la
insensibilidad demostrada por las instituciones políticas autonómicas
y estatales (y en la mayoría de los casos también de las locales),
pensamos que es necesario iniciar una serie de acciones que permitan a
la ciudadanía conocer mejor el problema, y sobre todo, saber como
afrontarlo cuando le afecta directamente. En
cuanto a la planificación urbanística, creemos necesario que se tenga
en consideración la necesidad de construir un entorno urbano saludable,
libre de contaminación electromagnética y dónde la transformación de
la alta tensión a tensión mediana se haga fuera de las ciudades y de
los pueblos; para que casos como el de Patraíx no vuelvan a producirse;
y dónde se garantice que la contaminación generada por las antenas de
telefonía móvil se mantiene dentro de las recomendaciones derivadas de
los estudios científicos más recientes. Una
de las iniciativas que consideramos necesaria es la creación de una
base de datos en la que figuren los diversos colectivos afectados, y que
sirva para coordinar todos los esfuerzos. Por
este motivo, os pedimos que deís la mayor difusión posible a este
mensaje para que las personas que estén padeciendo este problema se
pongan en contacto con nosotros y poder saber a quienes dirigirnos para
pedir apoyo cuando se vaya a emprender alguna acción. Los
colectivos de afectados pueden enviar sus datos a la siguiente dirección
de correo electrónico: antonio.berlanga@uv.es A
su vez, ofrecemos todo el asesoramiento y apoyo posibles. Agradecemos
sinceramente vuestra colaboración Un
saludo Antonio
Berlanga Coordinador
de la Campaña “Por un entorno saludable, libre de contaminación
electromagnética”
Los principales causantes de contaminación electromagnética son las
infraestructuras eléctricas, especialmente las de alta tensión
(subestaciones de transformación, transformadores de zona y líneas eléctricas
aéreas o subterráneas), las
antenas de telefonía móvil y por supuesto los móviles. Aunque los
efectos sobre la salud de esto dos tipos de emisiones son diferentes,
por tener diferentes frecuencias, consideramos que resulta conveniente
agruparlas, a fin de reivindicar la aplicación del principio de
precaución para asegurar el derecho constitucional a la salud.
Una gran cantidad de estudios científicos vinculan la contaminación
electromagnética (tanto la de baja frecuencia, provocada por las
infraestructuras eléctricas, como la de alta frecuencia producidas por
las antenas de telefonía móvil) a una amplia gama de patologías,
entre las cuales destacan diversos tipos de cáncer (es especialmente
relevante la leucemia infantil), trastornos endocrinos, mentales, del
sueño, etc…
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