Denuncian que el Ayuntamiento de Granada incumple la ley para ocultar los datos del ruido y contaminación acústica

Francisco Puentedura (IU) Foto: Álex Cámara

Francisco Puentedura (IU) Foto: Álex Cámara

Puentedura critica que el equipo de Gobierno “no haya respetado el procedimiento para la aprobación del mapa de ruidos en la ciudad”, lo que implicó su anulación, tras una sentencia firme del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y siga sin querer cumplir la sentencia elaborando uno nuevo y correcto.

Leer a Noelia S. Lorca  en Ahora Granada

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en Granada, Francisco Puentedura, ha denunciado que el Ayuntamiento sigue incumpliendo la ley para ocultar los datos de población expuesta a ruidos nocivos y contaminación acústica en la ciudad de Granada. De este modo, el edil de la formación de izquierdas critica que la Junta de Gobierno Local haya aprobado retrasar un año más la elaboración del Mapa de Ruidos de Granada, lo que supone un incumplimiento de la ley 37/2003 que obliga desde el año 2012 a tener un mapa de ruidos y un plan de acción contra la contaminación acústica en la ciudad de Granada.

Puentedura critica que el equipo de Gobierno “no haya respetado el procedimiento para la aprobación del mapa de ruidos en la ciudad”, lo que implicó su anulación, tras una sentencia firme del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y siga sin querer cumplir la sentencia elaborando uno nuevo y correcto. “Esta sentencia hace referencia a un informe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que señala que los niveles de población expuesta a ruidos nocivos durante el día y por la noche son muy superiores a los reflejados en el mapa anulado y son la causa de la superación de los objetivos de calidad acústica para la áreas urbanizadas en la ciudad”, ha señalado el edil de izquierdas.

El informe, que fue solicitado por el TSJA y al que hace referencia en su sentencia, señala que durante el día más de 40.000 granadinos están expuestos a unos niveles de ruidos superiores a los 65 decibelios, límite que se considera molesto y nocivo para la salud, y esta cifra alcanza casi las 80.000 personas en horario nocturno, al estar expuestas a más de 55 decibelios, más del límite recomendado por la normativa. “Estos datos son muy superiores a los que aportó el Gobierno municipal, que señalaba que no más de 20.000 personas estaban expuestas a niveles perjudiciales de ruido en la ciudad. Siguen queriendo ocultar de forma consciente estos datos, y por ello no se cumplió el periodo de exposición pública ni se atendieron las alegaciones del colectivo Granada contra el ruido, lo que provocó este contencioso que se ha resuelto con una sentencia anulando el mapa de ruidos de la ciudad, con el derroche de dinero público que ello ha supuesto y la pérdida de cuatro años sin elaborar de nuevo un instrumento eficaz de lucha contra la contaminación acústica y el ruido en la ciudad y mejorar la calidad de vida de los granadinos”, ha subrayado.

Derroche de dinero público

Según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas, “el Gobierno municipal del PP destinó en 2008 370.000 euros para la elaboración de un Mapa de ruidos en el casco histórico y otro de toda la ciudad de Granada, además de un plan de acción contra la contaminación acústica. Para ello, en colaboración con la Universidad de Granada, se puso en marcha un equipo para que elaborase estos documentos un equipo de que realizó cerca de de 500.000 registros y mediciones en todas las calles de la ciudad y que estableció los niveles sonoros en más de 300.000 puntos de Granada”.

Sin embargo, este mapa aprobado en 2008 ha sido anulado por no respetar el procedimiento administrativo y de periodo de alegaciones y exposición pública en su aprobación, “lo que ha supuesto la pérdida de dinero y un tiempo precioso mientras miles de vecinos de Granada han ido soportando unos niveles intolerables de ruido que les ha ido afectando a su salud”. Este retraso en más de cuatro años “se debe no sólo a la desidia del Gobierno municipal, sino también a no cumplir el procedimiento legal en la aprobación de este documento para ocultar la verdad de los datos” asegura Puentedura quien recuerda “que en el año 2011 ya hubo una primera sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo”.

Además, Puentedura ha insistido en que este retraso, en más de cuatro años, provoca que las mediciones “queden desfasadas”, pues la evolución del tráfico en la ciudad, de las obras y de las actividades ruidosas han ido cambiando en los últimos años.

 

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